El 4 de enero de 2026 cumplirá su sentencia en Florida, Estados Unidos, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y con la debida antelación, autoridades de la Procuraduría General del Estado (PGE) buscan acelerar el proceso de extradición de la exautoridad.
El procurador César Siles Bazán, en una conferencia de prensa ofrecida ayer, aclaró que no se inició una negociación con Estados Unidos a favor de Murillo y que no se busca una salida alternativa para favorecer el exministro; por el contrario, aseguró que se espera que el proceso de extradición sea aceptado sin problemas por autoridades de EEUU.
“Debemos explicar que los procesos iniciados tienen dos características. Primero, está la sentencia que concluirá en enero de 2026, y en segunda instancia pedimos que el dinero secuestrado a momento de la captura de Murillo, sea repatriado como parte de la reparación de daños por la compra irregular de gases lacrimógenos”.
Siles explicó que cuando Murillo fue detenido en Estados Unidos, se le secuestró más de un millón y medio de dólares. Parte de ese dinero estaba en poder de su exasesor Sergio Rodrigo Méndez y de otros de sus allegados. También se les secuestró dinero en menores proporciones, pero que servirán para restituir el daño económico al Estado.
Murillo y Méndez están involucrados en la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos destinados al mantenimiento del orden público durante el gobierno de Jeanine Áñez.
Se calcula que el Estado erogó 2,3 millones de dólares más del precio original de los agentes químicos.
El exministro fue sentenciado a cinco años de reclusión los delitos de soborno y lavado de dinero, y su hombre de confianza fue deportado a Bolivia, donde fue aprehendido y cumple detención preventiva de seis meses en la cárcel de San Pedro, La Paz, por presunta legitimación de ganancias ilícitas.
En abril, autoridades de la Procuraduría dieron a conocer que el exministro debe devolver al Estado más de 6,2 millones de dólares por reparación de daños por la compra irregular. La determinación judicial del Tribunal de Circuito Undécimo del condado de Miami, Florida, Estados Unidos, estableció una indemnización de 6.287.525,42 dólares a favor del Estado boliviano.
La Procuraduría y el consorcio jurídico Greenberg Trauring contratado en EEUU, obtuvo en la vía de la reparación dos sentencias emitidas por la juez Lisa Walsh, la primera contra Sergio Méndez y otra contra Arturo Murillo.
El exministro está detenido en Estados Unidos desde mayo de 2021, acusado de beneficiarse con un soborno a cambio de la contratación de la empresa Bravo Tactical Solutions para la provisión de gases lacrimógenos.
En febrero de este año, la Fiscalía emitió la acusación formal contra el exministro de Gobierno, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas cometido durante su gestión en el Gobierno transitorio de Áñez.
MANO DERECHA DE MURILLO.
El 3 de abril, el exjefe de gabinete de Arturo Murillo, Sergio Rodrigo Méndez, llegó a La Paz, después de ser deportado de EEUU, donde estuvo detenido; después de su llegada de manera inmediata fue puesto ante juez y se ejecutó la orden de aprehensión en su contra.
Por: Carmen Challapa
